Catholic Diocese Tucson

14 CATHOLIC OUTLOOK JANUARY 2020 Líderes católicos censuran expansión de ‘permanecer en México’ Por MICHAEL BROWN Director Editorial Los líderes católicos han censurado una expansión de la política de “permanecer en México” aplicada por el gobierno de Trump. Esta incluye trasladar a migrantes que esperan su proceso en Tucson a ciudades de la frontera de Texas para transportarlos de regreso a México. La política actual “no protege a estas perso- nas tan vulnerables, y de hecho las ha puesto en gran peligro en ciudades que no pueden asistirlas adecuadamente”, escribió el obispo de Tucson, Edward J. Weisenburger en un comunicado di- fundido el 2 de diciembre. El comunicado del obispo fue emitido un día antes de que el Consejo Municipal de Tucson hiciera un llamado unánime al gobierno federal para que “se suspenda la implementación de los Protocolos de Protección de los Migrantes (MPP)”, una política anunciada en enero de 2019 por la cual los solicitantes de asilo en EE. UU. se ven obligados a permanecer en México durante el proceso de solicitud. Aunque el servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) implementó exitos- amente los MPP en la mayor parte de la frontera sur de EE. UU., en Arizona veían un punto débil en el plan de aplicación de la política porque las solicitudes de asilo aumentaron mientras que en los puertos de entrada de otras zonas habían logrado una disminución. El 22 de noviembre, el CBP comenzó a trasla- dar masivamente a solicitantes de asilo desde Tucson hasta El Paso, Texas, para que fueran transportados a Ciudad Juárez, ubicada al otro lado de la frontera internacional. En su comunicado, el obispo dijo que las condiciones en Ciudad Juárez y otras ciudades de la frontera son “inhumanas”, especialmente para poblaciones vulnerables como los niños, familias y mujeres embarazadas. “Las condiciones reinantes en estas ciudades incluyen instalaciones sanitarias inadecuadas donde 2500 personas tienen acceso a tan solo tres baños portátiles, mujeres embarazadas que re- ciben 1 botella de agua por día, y familias y niños viviendo en tiendas de campaña improvisadas en las aceras”, dijo el obispo. “Aparte de las condiciones inhumanas en que estas personas deben permanecer, son objeto de extorsión y secuestros por parte de carteles y pandillas. En una ciudad se han denunciado 364 violaciones y todos los días hay familias amen- azadas con violencia porque no tienen dinero para pagar una extorsión”. En cambio, el gobierno debería permitir que grupos de la localidad, entre ellos Servicios Co- munitarios Católicos a cargo del albergue Casa Alitas, ayuden a los solicitantes de asilo, añadió. “Durante el año más reciente, asistimos a 20.000 personas, mayormente familias con niños, en su camino hacia las familias que los patroci- nan y al proceso legal de solicitud de asilo. Todas las personas que llegan a Casa Alitas reciben un examen médico, ropa, alimento, ayuda con el transporte, una cama limpia y un lugar seguro donde recuperarse del trauma de su arduo viaje. Pocos o ninguno de estos recursos están dis- ponibles en Juárez. En lugar de recibir atención, cuidado y dignidad, estas mismas familias acaban en la calle enfrentado peligros e incertidumbre sin saber cuándo tendrán la oportunidad de presen- tar su caso a un agente de inmigración, si es que llegan a tenerla”, dijo el obispo. En cuanto a las garantías de Protección Fron- teriza de que los protocolos no afectarían a gru- pos vulnerables, “hay razones para creer que esta política no ha sido llevada a la práctica correcta- mente y que muchas de estas personas vulnera- bles están viviendo en las calles en la ciudad de Juárez, adonde los llevan desde Tucson”. Días antes, la Iniciativa Kino para la Frontera (KBI), a cargo del padre jesuita Sean Carroll y con instalaciones en Nogales, Sonora, y Nogales, Arizona, emitió un comunicado similar denunci- ando la expansión de la política. “El CBP está trasladando personas intenciona- lmente alejándolas de los sitios donde hay servi- cios y poniendo a miles de solicitantes de asilo en riesgo, exponiéndolos a sufrimientos y peligros e impidiéndoles encontrar un lugar seguro. Esta expansión de la política es uno más de varios intentos sistemáticos del gobierno de Trump de interferir con el derecho de las personas a buscar asilo. Las infracciones contra el asilo deben cesar decisiva e inmediatamente”, decía. La declaración de esta organización señalaba que, a raíz de alianzas existentes con grupos locales, en Arizona los migrantes tienen más probabilidades de contar con asistencia legal en sus audiencias de asilo, lo cual es un factor que aumenta exponencialmente sus posibilidades de éxito.